¿Cómo funciona le Ley de Quiebra en República Dominicana?

ley de quiebra República Dominicana

Resumen realizado por el Lic. Alexander Germoso

¿Sabías que en en República Dominicana ninguna empresa ha sido declarada en quiebra por un tribunal como lo establece la ley actual?

El siguiente resumen es una guía con las generalidades de lo que será el equivalente a una ley de quiebra en nuestro país, hablamos de la Ley No.141-15. 

El 7 de agosto de 2015 fue promulgada la nueva Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes (Ley No.141-15), cuyo objeto es establecer mecanismos y procedimientos destinados a proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, permitiendo que estos últimos permanezcan en funcionamiento y superen las dificultades económicas que le impida cumplir con las obligaciones asumidas, logrando la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes. Asimismo, la Ley establece el marco jurídico aplicable a procesos de reestructuración e insolvencia transfronterizos. La misma entrará en vigor el 7 de febrero de 2017.

La nueva Ley No.141-15 deroga y sustituye toda disposición que le sea contraria, y en particular, los artículos 437 al 614 del Código de Comercio y la Ley No.4582 sobre Declaración de Estado de Quiebra de 1956. Previo a la promulgación de la nueva Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes no era posible solicitar la reorganización del deudor en la República Dominicana, toda vez que las leyes aplicables a los procedimientos de insolvencia únicamente se referían a su liquidación.

La Ley No.141-15 aplica a empresas y personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con presencia permanente en el territorio nacional (los “Deudores”), con excepción de las entidades comerciales controladas por el Estado; las entidades de intermediación financiera regidas por la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 de noviembre de 2002, y sus modificaciones; y los intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, depósitos centralizados de valores, bolsas de valores, sociedades titularizadoras y cualquiera considerada participante del mercado, con excepción de las sociedades de suscripción pública, y regidas por la Ley de Mercado de Valores No.19-00 de mayo del 2000, y sus modificaciones.

La Ley crea la Jurisdicción de Liquidación y Reestructuración Judicial, integrada por Tribunales de Primera Instancia (el “Tribunal”) y Cortes de Apelación especializados, competentes para conocer de los procedimientos de restructuración y liquidación, así como de cualquier acción judicial o extrajudicial vinculada al Deudor y su patrimonio. No obstante, hasta tanto sea creada la nueva jurisdicción de reestructuración y liquidación judicial, las acciones previstas en la Ley serían competencia de la jurisdicción civil y comercial ordinaria. A tales fines, mediante el Acta No.44/2016 el Consejo del Poder Judicial dispuso que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago funcionen como tribunales de liquidación y reestructuración de empresas y personas. Asimismo, ordenó que la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, así como la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago operen como Corte de Apelación de Reestructuración y Liquidación hasta que se designen los jueces de esas estructuras judiciales.

Todas las etapas del proceso de reestructuración y liquidación judicial previstas por la Ley serán conducidas por el Tribunal, el cual deberá contar con la asistencia e intervención de variados actores, entre los que se encuentran los auxiliares expertos.

Toda controversia derivada de la ejecución del Plan de Restructuración podrá ser sometida para su solución al procedimiento de arbitraje, sea institucional o ad-hoc. La demanda de arbitraje no será causa per se de suspensión del proceso de reestructuración, pero el Tribunal podrá conocer de medidas cautelares que sean de su competencia.

La Ley establece un marco jurídico aplicable a procedimientos de insolvencia con matices internacionales o transfronterizos, desarrollado siguiendo la Ley Modelo de la Comisión De Las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (conocida como UNCITRAL por sus siglas en inglés).

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